“Aisha pidió a la corte islámica ser juzgada y castigada por el crimen cometido”, “admitió ser una adúltera”, “se le pidió que revisara su confesión pero ella demandó la Sharia y el castigo que merecía”. El líder islámico de la ciudad portuaria de Kismayo (sur de Somalia), el jeque Hayakallah, pronunció estas frases ante la multitud que presenció la muerte de la adúltera por lapidación.
Ibrahim Dhuhulow, que según la información oficial tenía 24 años, fue enterrada hasta el cuello y, después, apedreada hasta la muerte por medio centenar de hombres. No fue la única en morir. Los guardias islamistas abrieron fuego cuando algunos de los presentes pretendieron acercarse a ella y mataron a un niño.
La supuesta docilidad de Aisha no fue tal, según explicaron los testigos. La mujer, arrastrada a la plaza atada de pies y manos, fue metida en el agujero entre gritos de protesta que se escuchaban debajo del saco negro que cubría su cabeza.
La lapidación, que un millar de personas observaron, fue lenta. Según los testigos, el apedreamiento se interrumpió hasta tres veces para comprobar si la joven había fallecido. Si los islamistas justificaron nuevamente su acción en la radio por la supuesta voluntad de la joven a aceptar la Sharia, (ley islámica), también se disculparon por disparar a la multitud. “Lamentamos la muerte del niño. Prometemos que detendremos y juzgaremos al que abrió fuego”, dijo Hayakallah a una emisora local.
Hayakallah aseguró que la mujer había confesado haberse casado con dos hombres y reiteró que ella había pedido la aplicación de la pena.
LA TERRIBLE REALIDAD
Tras la lapidación se ha sabido que ni era una mujer, ni tenía 24 años, ni era una adúltera. Si hay un país en el mundo en el que lo malo se convierte en peor, ése es y desde hace décadas, Somalia. Y la historia de Asha Ibrahim Dhuhulow, la supuesta mujer de 24 años lapidada en público el pasado lunes en la ciudad portuaria de Kismayo, es sólo un reflejo. Porque no era mujer, sino casi niña. Asha no tenía 24, sino 14 años. No había cometido adulterio. Había sido violada por tres hombres del clan más poderoso de la ciudad. Ayudados por el tribunal islámico impuesto por las milicias integristas de Al Shabab, la muerte a pedradas de la menor sirvió para borrar todo rastro del crimen.
La noche del sábado anterior, tres hombres se le acercaron y la obligaron a acompañarlos a la playa, donde la violaron. Bajo consejo paterno, ella acudió a los tribunales y denunció a sus violadores, que fueron arrestados. Y aquí se inicia, según declaraciones de Ibrahim Dhuhulow, la serie de desatinos que acabarían con la niña atada y enterrada hasta el cuello, lista para la ejecución.
Los familiares de sus agresores la convencieron con buenas palabras para que acudiera al tribunal islámico, retirara su acusación y perdonara a los tres hombres. Le darían dinero y joyas. Ella accedió, pensando que podría llegar a Mogadiscio con el dinero que su familia pobre necesitaba urgentemente. Mientras, los mismos familiares acusaron a Asha ante el Tribunal Islámico por extorsión. Cuando Asha, en su inocencia, retiró la denuncia, fue arrestada y acusada de adulterio, de mantener relaciones sexuales sin estar casada.
Un millar de personas se acercaron al estadio de fútbol de Kimbayo, a los que se les dijo que se iba a lapidar a una mujer de 34 años, prostituta, bígama, adúltera. Pero pudieron ver y oír a Asha antes de que le cubrieran la cabeza con un capuchón. Asha la niña protestaba su inocencia. Unos cuantos trataron de romper filas y acudir en su ayuda. Los milicianos integristas abrieron fuego contra la multitud. Mataron a un niño. Otras seis personas resultaron heridas.
Por todo ello, los familiares de la joven se mostraron más que afectados, furiosos, y negaron que Aisha hubiera confesado la comisión de adulterio ni pidió que la lapidaran. Una de sus hermanas consideró la ejecución “contraria a la religión y a la lógica” y aseguró que para matar a una adúltera al menos debe haber cuatro testigos de la relación y la confesión del hombre. Los familiares reclamaron a la comunidad internacional que “detenga y castigue a los responsables”.